Había una vez—relató un curita en una misa dominical- un hombre con poder que, en un lugar importante y ante hombres y mujeres importantes, habló prolongadamente de lo mucho que había hecho por la gente. Mientras tanto, afuera había vallas y policías para impedir que la gente, a la que él decía había proporcionado bienestar, no se pudiera acercar al lugar ni al hombre que hablaba. Cualquier semejanza con un hecho local no es casualidad.
Tal vez si este hombre hubiera depuesto la soberbia del poder y hablado personalmente con los representantes de las personas que manifestaban no su adhesión sino su descontento, sucesos posteriores se habrían evitado, y tal vez hoy la niñez y la docencia salteña estarían en las aulas.
La situación educativa de la provincia y del país es grave y exige gobernantes próximos a las personas y a sus problemas. No es tiempo de gobernar por teléfono. Mucho más cuando los ministros -hoy con un discurso tan democrático mientras dos años atrás reprimían violentamente a los docentes- están absolutamente desgastados y ya no pueden o no quieren encontrar caminos de solución.
En los doce años de mandato el Poder Ejecutivo ejercido por Romero y Wayar cometió tantos errores en su política educativa que lo que hoy sucede con los maestros y profesores es un final anunciado. Basta recordar, entre otros muchos desaciertos, la eliminación caprichosa del Consejo General de Educación, la politización de la carrera docente, la ambigüedad de las normas legales que hoy la rigen, la aplicación poco criteriosa de la ex ley de educación, el pago de parte del sueldo con vales, la apropiación del gremio docente a través de una dirigencia connivente, el bajo sueldo inicial que, unido a la transferencia desventajosa de la ex Caja de Jubilaciones, desconoció el pago de mayores aportes realizado por la docencia. Hoy los jubilados docentes están con sus sueldos licuados y a la situación edilicia de los establecimientos escolares -muchos al borde del colapso- se une la falta de designación de personal de maestranza.
TODO ESTO EN NOMBRE DEL PAGO REGULAR DE LOS SUELDOS, como si eso fuera una dádiva y no una obligación de los gobernantes.
Este Gobierno ya no está en condiciones de dar soluciones definitivas, pero tiene la obligación de no profundizar el conflicto. El gobernador y su vice deben hacerse cargo de su responsabilidad de asegurar el servicio educativo, sin amenazas de medidas intimidatorios, a través del diálogo y el consenso, y con la voluntad cierta de mejorar las condiciones en que se desenvuelve la educación en Salta.
Susana Gispert Roxana Valdivieso Gisel Zamorano
Comité Capital Ateneo de la Mujer Radical Juventud Radical
U. C. R “Juana Azurduy” Capital
Salta, 7 de abril de 2007